En tiempos en que en 2008 Perú ocupaba el puesto 35, del ranking de competitividad mundialque elabora el Institute of Management Developement de Suiza, nos habíamos convertido en un país que brillaba en América Latina y atraíamos inversiones. Este año hemos rodado hasta el puesto 63.
La clasificación evalúa la capacidad de 67 países de producir bienes en mejores o iguales condiciones que los que ofrecen otras economías, a través de cuatro pilares fundamentales: Desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura.
Chile se mantiene como el más competitivo de Latinoamérica, en tanto que México, Colombia y Brasil nos han superado en 2024. Solo en un año, caímos del puesto 55 al 63 y a nivel mundial, apenas estamos mejor que Nigeria, Ghana, Argentina y Venezuela.
La infraestructura apropiada es fundamental para el progreso económico y social de cualquier país, y si bien siempre fue nuestro talón de Aquiles, hoy presentamos resultados alarmantes en los subfactores de infraestructura básica, tecnológica, ambiental, educacional y de salud. En eficiencia del gobierno, nos observan por la corrupción, la administración incompetente y la inestabilidad política. En eficiencia de negocios, perdimos 30 posiciones entre 2008 y 2024, lo que grafica la imperiosa necesidad de posibilitar un entorno que promueva la innovación y el desarrollo empresarial. La caída más dramática se da en el desempeño económico, en el que nuestro país cayó 46 posiciones. Lo que era una notable fortaleza se desvanece por graves problemas en empleo y economía doméstica, entre otros, por lo que es menester recuperar políticas que promuevan el crecimiento y la estabilidad económica.
Coincidentemente con la dramática caída del Perú en esta jerarquización, observamos el exponencial e incesante aumento de las regulaciones, inspecciones y trámites burocráticos; que diariamente sufren los emprendedores formales cuando desarrollan sus negocios o pretenden ampliar los que ya poseen. Se dejó la ruta que nos llevó al progreso económico con reducción de pobreza, y se generó un Estado perseguidor de la iniciativa privada (principal motor del crecimiento de los pueblos), con su inevitable secuela de informalidad (casi el 80% de la economía), ilegalidad, pérdida de competitividad, caída del PBI y deterioro de la calidad de vida de la población.
Lo descrito contradice lo que con frecuencia expresan las más altas autoridades del gobierno, en el sentido que apoyan la inversión privada y que se reducirán los trámites y sobrecostos para alentarla. Estas declaraciones se estrellan con la realidad que representa la actitud de muchos de los mandos medios de los ministerios, gobiernos regionales y otras instituciones públicas quienes parecen seguir otros designios. Ejemplos los tenemos en todas las actividades empresariales.
Es hora de terminar con esta especie de dictadura y ponernos a trabajar todos por el desarrollo del país. Ya sea que trabajemos en el sector público o en el privado, debemos asumir el compromiso de bregar en unidad para derrotar males como la pobreza, la desnutrición y la anemia; así como para generar las condiciones para que todos los peruanos podamos acceder a empleos formales que brinden bienestar a las familias.
Hay que resolver los problemas reales de la gente, y para eso debemos dejar de ser un país únicamente con potencial, para ser una nación que enfrenta los retos de la globalización, respetándonos entre todos, con eficiencia, productividad, estabilidad jurídica y política que no desaliente la inversión, incentivando a sus empresarios pequeños y grandes, garantizando el acceso a la salud y educación y dando oportunidades para todos. En pocos años podríamos ocupar el liderazgo que el destino tiene reservado para el Perú.
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