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En los últimos días, el debate sobre la administración de la pesquería del calamar Illex argentinus ha vuelto a encenderse tras los anuncios oficiales de incorporar 18 nuevas unidades a la flota potera nacional. Las justificaciones esgrimidas por las autoridades del sector transitan por andariveles llamativamente limitados. Mientras que el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, defiende la medida bajo una lógica eminentemente económica y de recaudación a corto plazo —argumento que, llevado al absurdo, implicaría que introducir 180 barcos multiplicaría la riqueza por diez sin atender a la sustentabilidad—, el representante de Chubut en el CFP Andrés Arbeletche opta por una simplificación políticamente correcta: devolver a la flota el tamaño histórico que perdió con los años, en una decisión que en los pasillos del sector se adjudica llanamente al famoso y clásico "Artículo 33"—es decir, por cojones—
Sin embargo, lo más preocupante radica en el sustento técnico y científico que pretende avalar estas decisiones. Las recientes declaraciones del Dr. Otto Wöhler, director del INIDEP, dejan al descubierto una contradicción de fondo que el sector pesquero ya no puede ignorar. El propio Wöhler reconoce que el calamar, al ser una especie altamente migratoria, "no reconoce fronteras". A pesar de este axioma biológico, el informe técnico firmado por el instituto y elevado al Consejo Federal Pesquero restringe su análisis exclusivamente a los datos de biomasa dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Se omite deliberadamente la dinámica del recurso en las aguas internacionales (a partir de la milla 201) y en la zona administrada por el gobierno de las Falkland Islands en Malvinas. Emitir un dictamen sobre la salud de una especie transzonal mirando solo un tercio del mapa no es ciencia aplicada; es un sesgo condicionado por limitaciones presupuestarias, presiones políticas y una alarmante falta de visión global.
Los stocks de calamar Illex según el INIDEP: un análisis restringido a la ZEE argentina que ignora la totalidad de su ciclo de vida biológico
El segundo punto crítico planteado por la conducción del INIDEP afirma que la pesca fuera de la milla 201 es "legal pero no regulada". Esta postura ha sido sólidamente cuestionada por expertos como el Dr. César Lerena, quien bajo el paraguas de la CONVEMAR sostiene que la supuesta "libertad de pesca" en alta mar no es un cheque en blanco para la depredación. El calamar que se captura en la milla 201 pertenece originariamente a los ecosistemas del Atlántico Sur que tienen su base de desove y desarrollo en la plataforma continental argentina. Pescar sin ordenamiento científico transfronterizo viola los artículos 63 y 64 de la CONVEMAR. Argentina debe asumir un rol activo como Estado Protector del recurso, en lugar de resignarse a la inacción burocrática.
Para superar esta parálisis y dejar atrás las disputas geopolíticas que históricamente empantanan la gestión pesquera, el país debería cambiar radicalmente de paradigma. La diplomacia argentina se ha opuesto tradicionalmente a la creación de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) tradicionales en el Atlántico Sur, bajo el legítimo temor de que delimitar áreas geográficas rígidas en alta mar termine legitimando la presencia británica en nuestras Islas Malvinas y Georgias del Sur. Es un argumento válido, pero que suele usarse como excusa para la inacción. La solución para regular al calamar Illex no debe buscarse en límites cartográficos o regionales, sino en la especie y en todo su ciclo de vida.
Mapa de la CCAMLR
El modelo a seguir ya existe a nivel global y se aplica con éxito en el manejo de los túnidos. Organizaciones como la CICAA / ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) o la CCSBT (Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur) no operan bajo una lógica de fronteras geográficas estancas que dividen soberanías, sino que regulan y ordenan a la especie biológica en toda la extensión del océano donde habita, lo que incluye aguas internacionales y zonas que la propia Constitución Nacional considera territorio argentino. El foco es el recurso, su stock global y sus artes de pesca, definidos por comités científicos internacionales.
Argentina posee los títulos técnicos, jurídicos e históricos para impulsar un esquema de gobernanza global centrado exclusivamente en el recurso Illex. No se trata de negociar soberanía geográfica ni de ceder un solo centímetro de nuestro reclamo en las islas, sino de ejercer liderazgo internacional basado en la conservación biológica de un recurso que nace en nuestra plataforma. El precedente más contundente lo tenemos en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). Argentina es socio fundador de esta organización, donde se sienta a administrar la distribución de cuotas y artes de pesca junto a potencias como el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Francia y Australia, sin que ello debilite en absoluto la posición soberana argentina sobre el sector antártico. Regular la biología de manera multilateral es jurídica y políticamente viable.
El mapa real del calamar: sin fronteras
Más aún, las autoridades locales parecen olvidar que Argentina cuenta con el reconocimiento internacional de su Plataforma Continental Extendida más allá de las 200 millas. Si bien la columna de agua en la milla 201 se considera alta mar, el lecho y el subsuelo marino son de jurisdicción nacional. Esto faculta legalmente al país para prohibir y regular de manera inmediata la pesca de arrastre de fondo en toda la extensión de su plataforma ampliada. Una política de estado audaz exigiría que la captura de calamar en aguas internacionales se realice exclusivamente con artes de pesca direccionados y altamente selectivos (como las poteras), prohibiendo de cuajo el uso de redes de arrastre de media agua por parte de las flotas extranjeras subsidiadas, las cuales generan un daño colateral irreparable al ecosistema.
Si Argentina asume el liderazgo técnico de la especie en todo su rango migratorio, los beneficios no serán solo ambientales, sino también económicos y estructurales. Al regular la plataforma extendida y desalentar la pesca desregulada en la milla 201 mediante estándares biológicos estrictos, el país destruirá el incentivo económico de las flotas que operan sin control. Esto abriría el espacio definitivo para un incremento genuino, sustentable y planificado de nuestra propia flota potera nacional, dando inicio a una nueva era en la pesca regional.
Es hora de que las autoridades de la pesca dejen de mirar la línea de la milla 200 como un muro infranqueable de lamentos y comiencen a verla como el punto de partida de una política marítima global, holística y verdaderamente soberana.
aloubet@seafood.media
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