Mejillón Gallego (Mytilus galloprovincialis) con denominación de origen
Galicia advierte que peligran más de cien empresas de su complejo mar-industria por reforma del Reglamento de Costas
ESPAÑA
Monday, January 27, 2020, 04:30 (GMT + 9)
La titular de la Consejería del Mar de Galicia, Rosa Quintana, advierte que la propuesta de modificación del reglamento general de Costas impulsada por el Gobierno central pone en riesgo "como minimísimo a más de un centenar de empresas" del complejo mar-industria asentadas en el litoral Galicia, como depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, y explicó que este cambio normativo puede traducirse en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la comunidad.
“Esta reforma ataca a la línea de flotación de nuestro sector pues tenemos que pensar que toda nuestra producción de mejillón, almeja o berberecho tiene que pasar por depuradoras, cocederos o empresas de transformación y, si estas no tienen seguridad jurídica, se vería seriamente comprometida la puesta en el mercado de la producción de nuestros mariscadores y bateeros”, resumió la titular de Mar.
Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y destacó que Galicia defiende un reglamento que tenga en cuenta a viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar porque de eso depende el futuro del sector.
Foto: archivo
De hecho, los alegatos presentados por la Xunta al cambio legislativo solicitan que se garantice al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que puedan producirse en función del Gobierno de turno y que incidan en el desarrollo de su actividad.
Entre los aspectos que el Ejecutivo gallego considera perjudiciales para las empresas afectadas está que el plazo máximo de duración de las concesiones quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas. La Consejería del Mar defiende que ese plazo, de 75 años, no incluya lo de la concesión sino únicamente las prórrogas, pues de lo contrario pondría en riesgo la viabilidad de empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos.
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Otro asunto que la Xunta considera contraproducente es el hecho de que se revisen nuevamente los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga. Esta medida también complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.
La reforma del reglamento de espaldas establece además el deber de derivar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar, algo que, aunque puede ser viable técnicamente, implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que puede hacer insostenible la situación económica de algunas empresas al provocar que pierdan rentabilidad.
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Al margen del complejo mar-industria, el reglamento afecta a cerca de 5.000 edificaciones de 80 ayuntamientos costeros, entre las que se encuentran desde centros de salud hasta colegios.
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