La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó formalmente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione las empresas

Escándalo en la Acuicultura Chilena: FNE Solicita Multas Récord por Colusión Millonaria en Alimentos para Salmones

La Fiscalía Nacional Económica acusa a Biomar, Skretting y Salmofood de manipular precios durante 12 años, pidiendo sanciones históricas por más de US$ 79 millones tras comprobar coordinación ilegal que impactó un insumo clave del sector.

SANTIAGO – Un nuevo capítulo se escribe en el historial de colusión en Chile, esta vez afectando a uno de los pilares de su economía: la acuicultura. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó formalmente este 1 de julio al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la imposición de las máximas multas contra tres gigantes en la producción de alimentos para salmones: Biomar, Skretting y Salmofood. Se les acusa de haber orquestado un acuerdo anticompetitivo que distorsionó los precios del sector durante más de una década, entre 2003 y 2015.

Según la FNE, este cartel no solo perjudicó a productores y consumidores al manipular un insumo clave para la acuicultura nacional, sino que también tuvo un impacto significativo en el sector salmonero, de vital importancia para la economía chilena. Eduardo Aguilera, subjefe de la División de Litigios de la FNE, presentó ante el TDLC una "abundante evidencia" que detalla el comportamiento colusorio de las empresas.

La investigación reveló un esquema sistemático y deliberado. Inicialmente, la coordinación se centró en los valores de los alimentos o sus reajustes, a menudo mediante el intercambio de listas de precios. Con el tiempo, la manipulación evolucionó para enfocarse en los costos de las materias primas que cada compañía reportaba a sus clientes. Aguilera enfatizó que "hubo una clara colaboración para fijar precios facturados a clientes".

Los antecedentes cruciales que sustentan el requerimiento de la FNE incluyen correos electrónicos incautados y declaraciones obtenidas gracias a la delación compensada de Ewos, una empresa colaboradora que aportó información clave, así como allanamientos realizados en las oficinas de las compañías durante el proceso de investigación. Esta investigación, que culminó a fines de 2019 con la interposición del requerimiento por parte de la FNE, demostró la participación activa de ejecutivos de alto nivel, incluyendo gerentes generales, comerciales y de compras, en la materialización del acuerdo.

Sanciones Históricas y un Sector Afectado

Dada la extrema gravedad y la prolongada duración del cartel, la FNE ha solicitado al TDLC que aplique a cada una de las tres empresas las máximas multas previstas por la ley vigente al momento de cometerse los hechos: 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) por empresa, equivalentes a más de $24.800 millones de pesos chilenos cada una. En conjunto, las sanciones ascenderían a un total de $75.500millonesdepesos\; chilenos(aproximadamente\; US\$$ 79,8 millones), una de las cifras más altas solicitadas en casos de colusión en Chile. "Buscamos sancionar y disuadir prácticas que atenten contra la libre competencia", afirmó Aguilera.

Este escándalo se suma a una lista de notorios casos de colusión en Chile, reavivando el debate sobre la efectividad de las regulaciones antimonopolio. Casos previos como la "Colusión Farmacias" (2008), la "Colusión del Papel" (2000-2011), la "Colusión Pollos" (2011) o la "Colusión Pañales" (2002-2009), e incluso la investigación por la "Colusión Oxígeno" durante la pandemia, han marcado la pauta.

Organizaciones de consumidores y legisladores han exigido un mayor rigor en la vigilancia y sanción de estas prácticas, especialmente en sectores estratégicos como la acuicultura. El fallo del TDLC sobre la colusión de productores de alimentos salmoneros, que se espera en los próximos meses, podría sentar un precedente importante para casos similares. Mientras tanto, las empresas involucradas enfrentan también demandas civiles de los afectados.

La FNE, al perseguir acciones legales en este ámbito, "refuerza su compromiso con una economía más equitativa y transparente, asegurando que los entes reguladores actúen con firmeza ante actos que vayan en contra del bienestar económico y social de la nación", destaca una publicación de ICF. Este caso subraya la complejidad y el alcance temporal de los carteles, que, según la Fiscalía, utilizaron "tácticas sofisticadas" y "comunicaciones cifradas" para evadir la detección durante más de una década.

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